por Pascale Bonnefoy M. (Chile)
viernes, 28 de noviembre de 2008
Esta semana, el presidente de un comando de exonerados políticos denunció
que hay unas 100 mil personas recibiendo beneficios como exonerados políticos
sin haberlo sido jamás, y abrió una caja de Pandora cuyos contenidos muchos
ya conocían, sospechaban o han intentado ocultar.
Las reacciones fueron insólitas. La Coordinadora Nacional del Programa
Reconocimiento al Exonerado Político (PREP) del Ministerio del Interior,
Marta Joignant, aseguró que era “imposible engañar al sistema", ya que la
Contraloría de la República debía tomar razón de cada caso. Sin embargo, la
Contraloría hace sólo eso, “tomar razón” de lo que decide el Ejecutivo; o
sea, acusa recibo.
El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, le hizo un flaco
favor a Joignant, y más encima, salió totalmente impune de sus dichos. Dijo
que la propia Contraloría habría permitido que las oficinas parlamentarias
registraran a indigentes como exonerados políticos como una manera de
asegurarles una pensión. ¡Plop!.
Más allá de la exagerada cifra entregada por el presidente de la Comisión
Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, Raúl Celpa, -porque
significaría que dos-tercios de los 145.286 calificados como exonerados
políticos está mintiendo-, para nadie es un secreto la variedad de
irregularidades en la postulación y otorgamiento de beneficios a exonerados
políticos. Irregularidades de las que el PREP por cierto se ha enterado,
porque a sus oficinas le han llegado decenas de denuncias a través de los
años, denuncias, por lo demás, que se han hecho públicas en la prensa.
Se han otorgado beneficios (pensiones y abonos de tiempo por lagunas
previsionales) a personas que nunca fueron exoneradas; se ha falsificado
documentación; se han pagado favores y cobrado comisiones; se ha sido poco
riguroso y negligente en el proceso de verificación para calificar a un
postulante como exonerado; y se han creado “verdaderas mafias” – como me lo
describió un profesional del PREP- para lucrar con la desgracia ajena.
Desde la aprobación en 1993 de la primera ley para otorgar beneficios a los
exonerados políticos – aquellos que perdieron sus trabajos por razones
políticas durante la dictadura militar-, algunos autoproclamados “dirigentes
de comandos de exonerados políticos” han cobrado servicios y comisiones por
tramitar las postulaciones, a pesar de que el proceso no requiere de
intermediarios y es completamente gratuito. Otros han falsificado documentos
y/o han inscrito a personas que no cumplen con los requisitos, y sobre esto,
basta recordar las denuncias públicas en las Provincias de Osorno y
Llanquihue el año pasado.
En Río Negro, Fresia y Puerto Montt, entre otras localidades, se denunció
que autoridades comunales estaban tramitando y cobrando comisiones
indebidamente por postular a exonerados. En algunos casos, se cobraba una
comisión considerable a exonerados verdaderos que postulaban a beneficios.
En otros, se falsificaba documentación para postular a exonerados falsos,
incluyendo la invención de “asentamientos”, ya que la ley también acoge a
quienes fueron despojados de sus tierras. A algunos de ellos también se les
estaba cobrando una comisión.
Se habló de más de 100 casos fraudulentos. El diputado Fidel Espinoza dijo
al Diario Austral de Osorno (5 marzo 2007) que los mismos beneficiarios le
habían informado que “algunas autoridades comunales les han cobrado para
hacerlos partícipes de este programa, cuyo ingreso es gratuito, y que en
algunos casos, las incorporaciones han sido fraudulentas para hacerles
entrega de beneficios que no les corresponden”. Entregaron nombres y
apellidos, y denunciaron detalladamente la situación al PREP.
Pero tal vez donde más se viola el espíritu de la ley del exonerado político
es en relación a militares golpistas y políticos de derecha.
Una segunda ley sobre exonerados aprobada en 1998 amplió el universo de
potenciales beneficiarios para incluir a funcionarios del Congreso Nacional,
las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, entre
otros. Esto permitió que cualquier parlamentario que hubiese quedado sin
trabajo el 12 de septiembre de 1973 –porque fue clausurado el Congreso-
podría postular a beneficios como exonerado. Y así postularon y lograron
pensiones y abonos de tiempo varios parlamentarios que pública y
notoriamente instaron al golpe militar y apoyaron a la dictadura.
En cuanto a los militares, la ambigüedad de la ley los favoreció. Podrían
postular muchos, ya que la ley hablaba de exoneraciones “debido a cambios en
el orden institucional”. No preguntaba si eran golpistas o no golpistas, si
habían sido miembros o colaboradores de la DINA o la CNI, o si habían
torturado, asesinado o desaparecido a personas.
Esto provocó una verdadera avalancha de postulaciones entre 1998-2000. Sólo
del Ejército postularon más de 1.200 oficiales en retiro; muchos sólo
querían mejorar sus pensiones. La mayoría de las veces, dicen en el PREP,
bastaba con el aval o patrocinio de algún político o abogado para calificar.
En la época, la persona encargada de evaluar los antecedentes presentados
por cada postulante y recomendar su calificación era el Jefe Técnico del
Programa, Luis Salinas Rojas, segundo en el PREP. No fue terriblemente
riguroso en la calificación ni en el mantenimiento de los archivos con los
antecedentes y documentación que respaldaría la calificación de exonerado.
En diciembre de 2003, cuando uno de los “exonerados” que Salinas había
aprobado calificar fue procesado como cómplice del asesinato, se desató un
terremoto al interior del PREP. Se buscó desesperadamente el archivo del
“exonerado” para ver sus antecedentes, pero nunca se encontró. En el PREP se
dieron cuenta de que había varios casos que se “les habían pasado”, y se
pusieron a buscar y ordenar las carpetas con la documentación de respaldo
para revisarlas caso a caso. Sin embargo, muchas carpetas de los militares
calificados como exonerados políticos no se encontraron, y siguen sin
aparecer, si es que alguna vez existieron. Muy poco después, Luis Salinas se
fue raudamente del PREP, pasando a un cargo gerencial en el INP.
Así fue que solicitaron y consiguieron beneficios de exonerados algunos
militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, ex
parlamentarios de derecha que conspiraron activamente para el golpe militar,
y funcionarios de la Junta.
Estos son algunos de ellos:
Rafael González Verdugo (también “Berdugo”), ex agente civil del Servicio de
Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). “Espía” de carrera, tras el golpe
militar, fue ubicado en el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor
de la Defensa Nacional (EMDN). En diciembre de 2003, fue procesado como
cómplice de homicidio calificado del estadounidense Charles Horman,
ejecutado en septiembre de 1973. Fue calificado como exonerado político de
la Fuerza Aérea en noviembre de 1999 y recibe una pensión de $464 mil pesos.
Edwin Dimter Bianchi, ex teniente de Ejército, participó en el “tanquetazo”
en contra del gobierno de Salvador Allende (junio 1973). Tras el golpe
militar, fue enviado como represor al Estadio Chile. Una investigación de
esta periodista confirmó que Dimter era el oficial al que los prisioneros
políticos del Estadio Chile llamaban “El Príncipe”, a quien acusan de dar
muerte a Víctor Jara, aunque esto no se ha comprobado judicialmente. Fue
citado a declarar en la causa de Jara en 2006 en calidad de imputado. Dimter
fue dado de baja en 1976, y consiguió trabajo en el Ministerio de Obras
Públicas. En 1985, ingresó a la Superintendencia de AFP, escalando
posiciones hasta lograr un alto cargo de confianza. Postuló como “exonerado
político” en febrero de 1999, y fue calificado como tal un año después,
recibiendo un abono de tiempo de 11 meses y 29 días. Sin embargo, tras la
revelación pública de su pasado y una ruidosa funa en su lugar de trabajo,
fue despedido de la Superintendencia de AFP y el PREP le quitó el beneficio.
Patricio Kellet Oyarzún, ex capitán de Ejército, jefe de inteligencia del
Regimiento Cazadores de Valdivia en septiembre de 1973. Posteriormente, fue
jefe de gabinete del general Roberto Guillard. Dejó el Ejército en mayo de
1986. Fue calificado como exonerado político en marzo de 2002, gracias a una
carta de patrocinio del ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Luis
Toro. Una carta corta, manuscrita, que acreditaba que era un buen tipo. El
Jefe Técnico, Luis Salinas, conocido de Toro, entonces recomendó su
calificación como exonerado político.
Horacio Toro Iturra, ex general de Ejército. Tras el golpe militar, fue
designado por Pinochet como segundo jefe del Comité Asesor de la Junta de
Gobierno (COAJ). En 1975, fue agregado militar de la Junta en Francia. Pasó
a retiro en 1978, y fue calificado como exonerado político en mayo de 2002.
Se benefició con un abono de tiempo de 54 meses.
Enrique Cruz Laugier, comandante del Grupo de Artillería del Regimiento
Tacna al momento del golpe militar. Ese día, atacó el palacio presidencial
con artillería. Se retiró del Ejército en septiembre de 1987, y postuló a
los beneficios de exonerado político, siendo calificado como tal en enero de
2000. Fue jefe de seguridad del Senado hasta 2004, cuando un reportaje de La
Nación Domingo reveló su pasado. Hoy recibe una pensión como exonerado
político.
Al que no le resultó la movida fue al ex oficial de Ejército Salvador Ballas
Siglic. Postuló a los beneficios para exonerados siendo que él fue sumariado
y dado de baja del Ejército antes del golpe, y por golpista. Ballas había
participado vestido de uniforme en la manifestación de mujeres en contra del
entonces Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats, frente a su
casa, en agosto de 1973. Pinochet, quien reemplazó a Prats, ordenó su baja,
pero la tramitación demoró y el decreto fue emitido seis meses después del
golpe militar, por lo que alcanzó a estar en el periodo para postular como
exonerado. Alegó que la baja fue motivada por razones políticas, pero el
Programa lo rechazó. Indignado, envió una carta acusando al PREP de
discriminación.
Y los civiles…
Sergio Onofre Jarpa Reyes, ex senador del Partido Nacional y activo promotor
del golpe militar. Fue embajador de la dictadura y también su Ministro del
Interior. Fue calificado como exonerado político en julio de 2000 y recibió
el beneficio de abono de tiempo de 35 meses.
Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, ex diputado del Partido Nacional, férreo
defensor del golpe militar y del general Pinochet hasta el día de hoy.
Colaboró en las comisiones legislativas de la Junta Militar, y es columnista
eterno de El Mercurio. Pidió ser calificado como exonerado político y lo
logró en febrero de 1999, pero no obtuvo ningún beneficio porque nunca
perdió trabajo – no tenía lagunas previsionales.
Juan de Dios Carmona Peralta, ex senador de la Democracia Cristiana, apoyó
el golpe militar y luego fue Consejero de Estado de la Junta Militar. En
2001, recibió la Condecoración 11 de Septiembre de parte de la Corporación
11 de Septiembre. Fue calificado como exonerado político en febrero 1999 y
desde entonces recibe una pensión de $644.000 pesos.
Mario Arnello Romo, ex diputado del Partido Nacional, apoyó el golpe y fue
un entusiasta hincha de Pinochet. Fue calificado como exonerado político en
noviembre 1999, con una pensión de $611.000 pesos.
Tal vez ahora sea un buen momento para volver a buscar esas carpetas.
28 noviembre 2008
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