9 de febrero de 2008
La Comisión Etica Contra la Tortura, ante la permanencia de violadores a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas y de Orden, expresa ante las autoridades políticas del país y la opinión pública que:
- El país ha conocido una vez más, el show que ocasiona la renuncia de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo, implicado en violaciones a los derechos humanos.
- Las erráticas intervenciones del Gobierno y las desatinadas declaraciones del Obispo Contreras luego de la renuncia del General Santelices, evidencian el intento de justificar la permanencia y promoción de los ex agentes de seguridad en las filas de las Fuerzas Armadas y de Orden.
- Queremos decirle al país que la renuncia de un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas, ha sido posible sólo después de un largo camino procesal en que ha quedado establecida la responsabilidad en los hechos, a pesar de los intentos de esquivar la verdad para mantenerse en la impunidad. La renuncia, aparece entonces, como el último recurso al que acuden, pretendiendo maquillar de nobleza y valentía un pasado deleznable; la renuncia aparece cuando les resulta imposible sostener los permanentes pactos y compromisos de impunidad.
- No resulta extraño entonces, que aparezcan una y otra vez los generales Santelices del ejército, los tenientes coroneles fugados como Iván Quiroz, los prefectos de investigaciones como Sergio Mellado Faúndez, actual jefe nacional de Informática y Telecomunicaciones de Investigaciones de Chile, o los subprefectos como Héctor Silva Calderón, actual jefe de
- No resultan extraños estos hechos, cuando desde la cabeza del Estado, se promulga la ley 19. 992, que silencia y esconde por 50 años los nombres de los torturadores, identificados en los testimonios entregados ante
- Sumada a la ley de auto perdón dejada por la dictadura -que luego de 18 años post dictadura aún no se ha derogado-, la ley 19. 992 actúa como una amnistía encubierta para los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, que antaño conformaron los equipos de la policía política y que, revestidos de esa condición perpetraron graves violaciones a los derechos humanos como se documenta en los Informes Rettig y Valech.
- A Monseñor Contreras le decimos: Las personas detenidas desaparecidas no tienen esa condición porque algún amigo de ellos dijera sus nombres en la tortura, tienen esa condición porque existió una política de terrorismo de Estado, destinada a asesinar, torturar y desaparecer personas que tenían una apuesta distinta de sociedad, que eran socialistas, miristas, comunistas o simplemente de izquierda y que fueron perseguidos por la dictadura y los servicios de seguridad compuestos por agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad. No eran asaltantes callejeros, ni actuaban al margen de la autoridad, eran funcionarios del Estado cuyos sueldos pagábamos todos los chilenos y de acuerdo al Informe de
- Hay crímenes de lesa humanidad que en Chile desde hace 34 años, claman por Verdad y Justicia; el camino ha sido lento, desgastador muchas veces, pero la inexorable VERDAD se ha abierto camino una y otra vez, justo cuando la impunidad parece tomar ventaja como ha sucedido durante el año 2007 en que se han cerrado procesos, se han reducido condenas, se ha intentado buscar medidas para la excarcelación de los violadores condenados y recluidos en la exclusiva cárcel de Punta Peuco.
- Por ello, el año 2004, al conocerse el Informe Valech, solicitamos al Gobierno, como Comisión Etica Contra
- Solicitamos nuevamente al Gobierno, poner a disposición de los Tribunales de Justicia la documentación constitutiva de delito recabada por
- Reiteramos al Gobierno, la necesidad de construir una democracia basada en
¿DONDE ESTÁN NUESTROS DETENIDOS DESAPARECIDOS?
VERDAD Y JUSTICIA PARA LOS SOBREVIVIENTES DE TORTURA
FUERA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN LOS
VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS
COMISION ETICA CONTRA
Santiago 8 de Febrero de 2008
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ALGUNOS COMENTARIOS
En los tiempos recientes, algunos sectores de la vida nacional han pretendido realizar una suerte de reinterpretación de los hechos de 1973 y sus consecuencias. Incluso en un programa de la televisión regional en Magallanes, un Concejal y un periodista se han permitido "festinar" con su particular estilo irónico la gravedad de los atropellos a los derechos humanos, de los que fueron objeto los detenidos políticos por parte de los militares en los inicios de la dictadura y en el campo de concentración de isla Dawson en particular. En materia de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar, de triste memoria, señores, no hay espacio ni para la broma, ni para la ironía ni para el "festinamiento en pantalla", porque las víctimas aún siguen vivas y seguramente algunos de los victimarios continúan transitando impunes por las calles de Chile.
Tales tentativas de revisionismo histórico, que nos traen a la memoria los esfuerzos de algunos intelectuales neo-nazis ante el holocausto judío entre 1933 y 1945 en Europa, no se sustentan más que en la ideología de sus voceros o en el poco loable propósito de disminuir la importancia y la gravedad de tales actos.
Algunos voceros de esta postura "olvidadiza" proclaman con cierta frecuencia que "el país debiera olvidar estos hechos y pasar a la reconciliación". Se trata de dos conceptos completamente diferentes. Hoy la reconciliación entre civiles y militares es un hecho objetivo, propio de la evolución de la sociedad chilena al cabo de 30 y tantos años, pero otra cosa es la verdad histórica. La verdad histórica queda inscrita en los libros y en la memoria de las sucesivas generaciones y eso sí que no se puede borrar. Afortunadamente en el Chile de fines del siglo XX y principios del siglo XXI la historia no la escribieron solamente los vencedores y victimarios sino también las víctimas y sus descendientes.
Aquí existe un paralelismo exacto entre los hechos asociados a la dictadura militar en Chile y las matanzas de judíos perpetradas por los nazis en Europa desde 1933. ¿Cómo es posible que los judíos siguen buscando todavía a los criminales nazis, 60 años después? ¿Cómo es posible que el Estado aleman siga cancelando indemnizaciones a los judíos encarcelados y torturados y a sus hijos y nietos? Pues porque en materia de violaciones a los derechos humanos, no hay tiempo límite y porque sus efectos perduran a lo largo de generaciones.
Aunque pasen 50 años o 100 años, la verdad histórica va a seguir incólume: en Chile y en Magallanes también, se aplicó una política sistemática y de Estado para eliminar, detener, torturar y desaparecer a los detenidos políticos desde el mismo día 11 de septiembre de 1973.
En la región de Magallanes, dos de las demostraciones más flagrantes de esta política sistemática fueron los homicidios de los 4 detenidos políticos en Tierra del Fuego y que acaba de ser fallado por los tribunales de justicia, y la desaparición hasta el día de hoy de Silvio Betancourt, militante del MAPU y estudiante universitario. En el orden de los derechos humanos, la víctima no puede ser situada en el mismo plano que el victimario; el torturado no puede ser ubicado en el mismo plano que el torturador...aunque ambos son seres humanos dotados de similares derechos y deberes dentro de un Estado de Derecho y donde la presunción de inocencia prima antes que la culpabilización antojadiza.
Es ante estos hechos tan graves y que con frecuencia vuelven al primer plano noticioso, que consideramos que la acción del Estado ha sido insuficientemente proactiva para evitar que quienes tienen grados de responsabilidad en los hechos perpetrados en 1973 y en adelante, continúen en las filas castrenses.
Pretender negar estos hechos es como negar la existencia de la cordillera de los Andes y solo puede obedecer al descuido propio de un cierto estilo de irresponsabilidad pública. -MANUEL LUIS RODRIGUEZ-
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