“Camaradas del frió y el hambre vuestra lucha la historia sabrá…”
Compañero Diputado de la república
Decidiste quedarte en Chile a enfrentar al tirano, que era el deber de todo revolucionario, no abandonaste a nuestro pueblo, no corriste a las embajadas para huir, muy por el contrario tomaste el arma de la verdad, para enfrentar al fascismo, para desde la clandestinidad reorganizar la resistencia
Hoy ante este presente que nos llena de vergüenza, de manera modesta pero llenos de orgullo por los momentos compartidos hoy pretendo rendir homenaje a tu memoria transmitiendo tus consignas que nos enseñaste con tu vida, sabemos que en la medida que de verdad hagamos nuestro tus ideales de libertad, de lucha por la dignidad de nuestra clase, de asumir nuestra condición de ser enemigos de la explotación y de los explotadores, cada uno, cada una de los, las, compañeros y compañeras caídos sin ver la aurora verdadera estarán presente,
Por el socialismo a combatir:
¡¡¡ SI EL PRESENTE ES DE LUCHA
EL FUTURO SERÁ NUESTRO !!!
¡¡¡ A DARLO TODO POR LA PATRIA,
LA REVOLUCIÓN Y
EL SOCIALISMO !!!
Daniel Quilaipan Lorca
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CARLOS ENRIQUE LORCA TOBAR
Rut : 5.006.438-7 (55.346, Ñuñoa)
F.Nacim. : 19-11-44, 30 años a la fecha de su detención
Domicilio : Echaurren 664, Dpto.325, Santiago
E.Civil : Casado, 1 hijo
Actividad : Médico Psiquiatra
C.Repres. : Partido Socialista Comité Central, Comisión Política, Diputado por Valdivia; ex Secretario General de las Juventudes Socialistas
F.Detenc. : 25 de junio de 1975
SITUACION REPRESIVA
Carlos Enrique Lorca Tobar, casado, un hijo, médico psiquiatra, ex Diputado por Valdivia, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista -quien sufría de úlcera gástrica y problemas graves de coagulación- fue detenido el 25 de junio de 1975, alrededor de las 16:00 horas, en la casa ubicada en calle Maule N°130, por ocho agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El domicilio pertenecía a Yolanda Abarca y hasta allí habían llegado los aprehensores alrededor de las 13:30 horas, mostrando una tarjeta azul para, según lo manifestaron ellos mismos a la testigo, esperar al doctor Lorca y a una acompañante. Efectivamente Maule N°130 constituía un lugar al que Carlos Lorca acudía por razones partidarias. Ese 25 de junio lo hizo acompañado de Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, también militante socialista, detenida en esa misma oportunidad y actualmente desaparecida. Según otros antecedentes, los agentes permanecieron en ese lugar hasta varios días después de ocurridos estos hechos. Además, horas después de ocurridas estas detenciones, agentes de la DINA allanaron el domicilio de Carolina Wiff.
Según testimonios prestados por 6 personas que transitaban a esa hora por Maule o que se encontraban esperando locomoción colectiva en la esquina de Santa Elena, el movimiento de vehículos particulares y de distintos colores resultaba llamativo, dado que aquella era una calle tradicionalmente muy tranquila. Dos de estos declarantes dijeron haber visto sacar a una pareja, rodeada por cuatro civiles que los mantenían asidos por los brazos. El hombre iba esposado. Ambos detenidos fueron subidos a un automóvil FIAT 125 color rojo que emprendió marcha hacia Vicuña Mackenna.
Héctor Eduardo Riffo, quien a la fecha se encontraba recluido en Villa Grimaldi -centro secreto de detención y tortura de la DINA- testimonió que el 25 de junio de 1975, alrededor de las 16:00 horas, escuchó que ingresaba al recinto un gran número de vehículos. Estos hacían sonar sus bocinas y se oían gritos insistentes de "Lorca, Lorca". Dentro de la Villa se notó entonces un gran ajetreo y alboroto. El testigo agregó que, el miércoles 2 de julio del mismo año, alrededor de las 10:00 de la mañana tuvo lugar una visita inspectiva a dicho recinto. Debido a que permanecía vendado, no pudo ver de quién se trataba. Sí pudo escuchar que cuando le informaron que Lorca y Ricardo Lagos se encontraban detenidos, el visitante se mostró interesado y pidió ver las celdas de ambos detenidos.
Posteriormente, el 3 de julio de 1975, cuando Héctor Riffo fue sacado de "La Torre" para barrer el patio, vio en una celda, atado a una litera al afectado, quien simulaba tener carraspera para llamar así la atención de otros detenidos.
Por su parte, el detenido Sergio Hernán Gajardo, cuando lo trasladaron a Villa Grimaldi, el 11 de julio de 1975, lo ingresaron en una pieza de madera, de 3 por 3 metros aproximadamente, sin ventanas, en donde había un camarote de fierro con tres camas. El testigo se instaló en una y un guardia le dijo "esa es la cama de Lorca, sálete de ahí y ubícate en la última de arriba". Al poco rato, trajeron a una persona a la primera cama -el testigo estaba vendado- la que emitía quejidos. Como a la hora después el declarante le preguntó a la persona que había llegado si tenía agua y ésta le contestó "no tomes agua". En esos mismos instantes desde una habitación contigua se comenzaron a escuchar ruidos y quejidos de dolor, estaban torturando a una persona. La sesión se prolongó durante horas y afectó a distintos detenidos. El testigo le preguntó entonces a la persona de la primera cama a qué hora terminaban las torturas, a lo que ésta, con voz quejumbrosa, dijo: "aquí no hay horarios". Alrededor de las 06:00 horas de la mañana, el declarante fue sacado para barrer una especie de patio que había afuera de la pieza donde se le mantenía, pudiendo entonces constatar que ésta se encontraba entrando al recinto, cruzando el portón hacia la derecha y que allí mismo había dos o tres habitaciones que estaban pareadas unas al lado de las otras. Cuando estaba barriendo, el testigo escuchó que uno de los guardias dijo "Traigan a Lorca", Sergio Hernán Gajardo levantó la vista y vio a Carlos Lorca, quien iba vestido con un terno plomo, camisa blanca y zapatos negros, era una persona alta, pelo largo, barbón, más que caminar, Lorca era llevado por varios guardias. Daba la impresión de que si lo soltaban se iría de bruces al suelo. Lo llevaron en dirección a una pieza en donde había una mesa, una silla y una máquina de escribir. Allí -escuchó el testigo- uno de los guardias le dijo al afectado, "bueno doctor va a llenar este cuestionario, sin dejar ninguna pregunta sin contestar". Luego de un breve tiempo, agregaron "queremos que las respuestas sean lo más completas posibles, hay que contestarlas todas". Lo último que le dijeron fue "¿necesitai tus lentes?", y se los mandaron a buscar. El declarante recuerda que, al parecer, fue el mismo Lorca quien escribió a máquina, lo hacía muy lentamente.
El 12 de julio de 1975, Sergio Hernán Gajardo se comunicó por primera y última vez con Carlos Lorca, cuando ambos se encontraban ya en la celda. El afectado le dijo "Soy Carlos Lorca, soy médico, si sales vivo de aquí, di que estoy detenido". Posterior a esto, el declarante fue sacado del recinto y no volvió a ver a la víctima.
En septiembre de 1975, Edwin Patricio Bustos se encontraba recluido en Villa Grimaldi siendo cruelmente torturado. En una oportunidad, cuando era interrogado por Osvaldo Romo Mena, este agente lo amenazó con colgarlo de los testículos, "al igual como lo habían hecho con Carlos Lorca".
Además de estos testimonios, está el de Luz Arce, quien fuera militante socialista y se transformara en colaboradora de la DINA producto a las torturas y amenazas sufridas durante su detención. En octubre de 1990, ante la Comisión Verdad y Reconciliación, la testigo declaró que, estando en Villa Grimaldi, conversó con Ricardo Lagos (detenido desaparecido) quien le dijo que también se encontraban ahí Exequiel Ponce y Carlos Lorca. Posteriormente, en 1976, la testigo le preguntó al General Manuel Contreras por Lagos, Lorca y Ponce y éste le dijo que estaban en libertad. Por su parte, Carolina Wiff fue vista en un patio de Villa Grimaldi, por la periodista Gladys Díaz, quien estaba recluida allí.
La detención y desaparición de Carlos Lorca Tobar se inscribe en una acción de la DINA en contra de los dirigentes del Partido Socialista, miembros de la Comisión Política, de sus enlaces y correos, realizada en junio y a comienzos de julio de 1975. En este operativo se efectuaron las detenciones de Michelle Peña, Exequiel Ponce, Mireya Rodríguez, Modesta Carolina Wiff y del afectado. En el mes de julio, fueron detenidas Rosa Soliz Poveda y Sara Donoso Palacios, militantes socialistas, quienes estaban bajo las órdenes partidarias de Modesta Carolina Wiff. Todos ellos permanecen como detenidos desaparecidos.
Cuando el Grupo de Trabajo Ad-hoc de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se constituyó en Villa Grimaldi en julio de 1978, uno de los testigos que la acompañaban señaló una habitación en donde habían estado detenidos Cosme Noriega y Carlos Lorca. También indicó una cabaña en donde había permanecido Michelle Peña, también detenida desaparecida.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
Por Carlos Lorca se presentaron numerosos recursos de amparo, entre ellos varios que fueron interpuestos en favor del afectado y otras víctimas desde el extranjero: Italia, México y Canadá. Así, tenemos el recurso masivo por 43 detenidos desaparecidos, 31 personas que permanecían detenidas en Tres Alamos y Puchuncaví y por 5 abogados detenidos, interpuesto por el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Liga de los Derechos de la Mujer y otros ciudadanos franceses, el 14 de junio de 1976 ante la Corte de Apelaciones de Santiago, (rol N°525-76). Después de confirmarse los nombres de los recurrentes, el recurso fue rechazado el 6 de mayo de 1977. Se apeló y la Corte Suprema confirmó el fallo el 11 de mayo del mismo año.
Además, la familia interpuso el amparo rol N°806-75, el 1° de julio de 1975 en la Corte de Apelaciones de Santiago. Consultadas las distintas autoridades, éstas negaron la detención del amparado. Raúl Benavides Escobar, Ministro del Interior y General de División, respondió en dos oportunidades a la Corte (el 9 y el 18 de julio) que el afectado no se encontraba detenido por orden de ese Ministerio. En virtud a estos informes se rechazó el recurso de amparo el 25 de julio de 1975, habiéndose acordado remitir los antecedentes al juzgado del crimen correspondiente. Se apeló de la resolución a la Corte Suprema de Justicia, adjuntándose a la presentación las declaraciones de cinco personas que fueron testigos de la detención del afectado y quienes lo reconocieron en las fotografías que se les mostró. El Tribunal ofició a la DINA, obteniendo como respuesta un Oficio del Ministro del Interior, General Benavides, en el que se señalaba que carecía de antecedentes relacionados con "el referido Lorca", agregando que en el mismo sentido se había pronunciado la Dirección de Inteligencia Nacional (13 de agosto de 1975). Por lo informado en esta comunicación, se confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones el 18 de agosto de 1975.
Los antecedentes fueron remitidos al 4° Juzgado del Crimen, en donde se abrió el proceso rol N°107.782 por presunta desgracia de Carlos Lorca Tobar. Prácticamente sin diligencias, se cerró el sumario el 13 de junio de 1977, sobreseyéndose la causa el 15 de junio del mismo año, y el 1° de agosto la Corte de Apelaciones confirmó el fallo del juez. Posteriormente esta causa se acumuló a la causa rol 585-76 que se tramitaba en la Segunda Fiscalía Militar de Santiago.
El 1° de agosto de 1978, la familia del afectado concurrió, junto con los familiares de otros 70 detenidos desaparecidos, al 10° Juzgado del Crimen de Santiago, para presentar una querella por el delito de secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente. El Juez se declaró incompetente y remitió los antecedentes al 2° Juzgado Militar de Santiago, quien radicó la causa en la 2a. Fiscalía Militar, la que la roló con el N°553-78. Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
(Antecedentes completos de esta querella en el caso de Eduardo Alarcón Jara, detenido el 30 de julio de 1974).
Uno de los agentes contra el que también estaba dirigida la querella contra los agentes de la DINA, Osvaldo Romo Mena, fue detenido en noviembre de 1992. El Director de la DINA, general Manuel Contreras Sepúlveda, había declarado por Oficio en la querella antes mencionada, que Romo era sólo un informante de un agente. Romo, entre otras cosas, ha confirmado su calidad de agente del mencionado servicio de seguridad y la participación de la DINA en su salida del país a finales de 1975, proporcionándole además documentos de identidad falsa para él y su grupo familiar.
A diciembre de 1992, Romo había sido encargado reo en seis causas por detenidos desaparecidos.
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Actualidad:
Primera Linea 23 de Abril 2002
Exclusivos disminuyen a cuatro
En un dictamen que ya se preveía, el pleno de ministros de la Corte de Suprema determinó que sólo cuatro de los ocho jueces con dedicación exclusiva seguirán en esta condición, y los restantes pasarán a conformar un tribunal con dedicación preferente.
Basado en los antecedentes recopilados por el máximo tribunal, se determinó que el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, a cargo de la jueza Cecilia Flores; Octavo del Crimen de Santiago, con María Ines Collins; Noveno del Crimen de Santiago con Raquel Lermanda y Décimo del Crimen con Juan Antonio Poblete siguen como jueces exclusivos.
Además, el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz se mantendrá en la misma condición, aunque sólo por un plazo de un mes.
En el caso del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Quinto del Crimen de Santiago, Primer Juzgado del Crimen de Arica, Juzgado de Letras de María Elena, Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, Primer Juzgado Civil de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia se sumarán al grupo ya existente de jueces preferentes.
La situación más difícil la enfrentan los jueces del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; Juzgado de Letras de Santa Barbara, Loreto Jara que en adelante se convertirán en jueces preferentes.
Pero la Corte Suprema también ordenó al Décimo Juzgado del Crimen que anexe los procesos que correspondan a las causas que tramita de manera de avanzar en la investigación, sin embargo, no entrega más detalles al respecto.
Todos los jueces exclusivos y preferentes deberán informar al cabo de un mes sobre su gestión y nuevamente serán evaluados por el tribunal superior.
En el detalle de las causas, el proceso por la muerte de Juan Luis Rivera Matus rol 107.716-9 comenzará a ser visto de manera preferente por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago Joaquín Billard, quien también tramitará la causa rol 107.254.
En el caso del Quinto del Crimen conocerá el rol 167.716-16 caratulado como desaparecidos de La Moneda, que ya estaba en calidad de preferente.
En el Primero de Arica y Cuarto de esta misma ciudad se conocerán las causas rol 51925 y 13.322-A, respectivamente.
En María Elena se indagará de manera preferente el proceso 31-91, Mientras que en el Primero del Crimen de Valparaíso se verá la causa del sacerdote británico Michael Woodward rol 140.454.
En el Segundo del Crimen de Valparaíso se conocerá la causa rol 127.298-1.
En Chillán en tanto el Primer Juzgado Civil conocerá la causa 11.599 que de acuerdo al Fasic no corresponde a proceso de derechos humanos, en cambio en el Primero del Crimen de esta misma ciudad se indagará la desaparición de Ernesto Torres Guzmán, rol 70.927-6.
En el caso de Talcahuano se anexa como prefente el rol 24.776, en Pucón el rol 4.473 y en Valdivia el rol 75.858.
Por el contrario, se verán perjudicadas por el dictamen de la Corte Suprema las causas sobre la desaparición de Daniel Reyes Piña, Leopoldo Muñoz Andrade, Víctor Morales Mazuela y Víctor Cárdenas Valderrama que tramitaba el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel ya que ahora tendrán carácter preferente. En todo caso,juega a su favor que ya se dictaron procesamientos en el caso de las causas de Morales y Cardenas.
En el Tercero del Crimen de Santiago serán ahora causas preferentes la desaparición a manos de la DINA DE Iván Carreño Aguilero, y las muertes de Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán y Ricardo Weibel Navarrete que perecieron a causa del Comando Conjunto. También este tribunal conoce el proceso por la desaparición del ex GAP Domingo Blanco Tarres.
En el caso de Santa Bárbara se ve perjudicada la investigación sobre los casos de Luis Bastias Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salaza, Segundo Soto, Gabriel Viveros desaparecidos en los primeros días del Golpe Militar.
En el Décimo del Crimen de Santiago se indaga cuatro casos informados en la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas se trata de la desaparición en 1975 de Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio
RICARDO ERNESTO LAGOS SALINAS
Rut : 5.463.497 (151.619, Chillán)
F.Nacim. : 09-04-51, 24 años a la fecha de su detención
Domicilio : Calle Tiros -Villa Japón- Las Rejas, Santiago
E.Civil : Casado, 2 hijos
Actividad : Contador
C.Repres. : Partido Socialista, Comité Central, miembro de la Comisión Política
F.Detenc. : 17 de junio de 1975
Ricardo Ernesto Lagos Salinas, casado, dos hijos, contador, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, fue detenido el 17 de junio de 1975, en la población Las Rejas, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Aunque no hay testimonios directos de su aprehensión, existen antecedentes que permiten deducir que ésta se produjo en su domicilio y, posiblemente, junto a Michelle Peña actualmente (detenida desaparecida, militante del partido socialista y embarazada de 8 meses).
Juan Carlos Ruiz, también socialista, declaró que en 1975 se desempeñaba como enlace entre el dirigente máximo del Partido en la época, Exequiel Ponce Vicencio y Ricardo Lagos, Michelle Peña y Carlos Lorca (todos detenidos desaparecidos). Incluso, en marzo de ese año, buscó la casa de calle Tiros en la que vivían el afectado y Michelle, domicilio en el que se reducían documentos, había taller fotográfico y se realizaban los puntos de encuentro y reunión con Exequiel Ponce. Alrededor del 21 de junio de 1975, Juan Carlos Ruiz concurrió al domicilio de la víctima e ingresó a éste sin darse cuenta que la señal de alerta previamente convenida con Ricardo Lagos -una ventana abierta- estaba presente. Adentro había un gran desorden, los colchones estaban rajados y todas las cosas desparramadas, con evidentes signos de allanamiento. El testigo estimó que en ese lugar habían sido detenidos Ricardo Lagos y Michelle Peña.
Días después, el 24 de junio de 1975, Héctor Eduardo Riffo, también socialista, acudió a un domicilio de Villa Ríos, en Santiago, en donde había acordado reunirse con Ricardo Lagos. El testigo llegó alrededor de las 15:30 horas y vio que cerca de la casa estaba estacionado un auto Chevrolet color blanco y celeste, con patente de Quinta Normal. En su interior se encontraba el afectado. El declarante pensó que Lagos venía recién llegando, así que subió al departamento. De inmediato fue detenido por dos civiles armados -se estaba allanando el lugar- para ser conducido después hasta un auto MG amarillo pálido al que habían trasladado a Ricardo Lagos. Ambos fueron entonces llevados al recinto secreto de detención y tortura de la DINA conocido como Villa Grimaldi. Según lo señaló Héctor Riffo, entre los agentes que actuaron en ese momento estaba uno a quien llamaban "Alberto", después sería Capitán de la CNI, de unos 38 años, 1.70 de estatura, tez mate, cara redonda, ojos café oscuro, pelo entrecano y contextura fornida; y un conscripto de la Unidad de Comandos del Regimiento Buin de apellido Díaz, alrededor de 23 años, 1.75 de estatura, moreno, pelo negro ondulado, cara alargada, delgado, ojos café y que era de La Pincoya.
Una vez en "Villa Grimaldi" ambos fueron sometidos a tortura (parrilla, golpes, interrogatorios). Al testigo se le preguntaba intensamente por las actividades del afectado, de Exequiel Ponce y de Carlos Lorca. El 26 de junio del mismo año, Héctor Riffo vio a Ricardo Lagos en el sector de los baños y en el momento en que era introducido en una pieza ubicada en un rincón del patio. También, dos días después, cuando Riffo es llevado a La Torre, en una celda vecina, reconoció la voz de Michelle Peña.
Luis Gormaz, también recluido en Villa Grimaldi, señaló que el afectado ocultaba debajo de su cama un paño ensangrentado y que sus condiciones físicas eran muy malas.
Por su parte, Luz Arce, quien fuera militante socialista y se transformara en colaboradora de la DINA -con posterioridad a las torturas y amenazas sufridas durante su detención- declaró, en octubre de 1990, ante la Comisión Verdad y Reconciliación. Allí señaló que, estando en Villa Grimaldi, vio y conversó con Ricardo Lagos Salinas, quien le contó que también estaban detenidos Exequiel Ponce y Carlos Lorca. Esta conversación se produjo después de que Luz Arce solicitara una autorización para hacerlo. Según la declarante, dicho permiso se le otorgó siempre y cuando ella le pidiera al afectado que colaborara con la DINA. Lagos le pidió dulces y la testigo se los consiguió en la cocina de Villa Grimaldi. La conversación se realizó en el patio y, en esa oportunidad, el afectado estaba vestido con un terno azul, sin corbata, camisa abierta y sucio. No se le veía mal, pero -según lo afirma la misma Luz Arce -la corriente no deja huellas físicas, salvo que ocurra algo grave. La testigo tuvo la impresión de que Lagos sabía que lo iban a matar.
Cuando Luz Arce le dijo al General Manuel Contreras, Director de la DINA, que había visto a Ricardo Lagos entre los detenidos, éste le respondió "te equivocaste", para luego decirle que averiguaría al respecto. Luz Arce señaló ante la Comisión Verdad y Reconciliación que necesariamente la Dirección de la DINA tenía que estar enterada de estos hechos, puesto que diariamente cada unidad o cuartel le enviaba un informe. Además a Marcelo Moren Brito se le citaba continuamente al Cuartel General.
Posteriormente, en 1976, la testigo le preguntó al General Contreras por Lagos, Lorca y Ponce y éste le dijo que estaban en libertad.
Ricardo Lagos había comenzado a ser buscado a partir del mismo 11 de septiembre de 1973. Hasta la casa de su abuela paterna, Ema Reyes, habían llegado civiles -que se identificaron como de Investigaciones- en más de una oportunidad preguntando por él. El General de División y Director de Investigaciones, Ernesto Baeza Michaelsen, el 6 de diciembre de 1978, informó al Tribunal que el 27 de septiembre de 1973 se había encargado la ubicación y detención de Ricardo Lagos; que en febrero de 1974 aparecía implicado en la fabricación de armamentos; y que el 25 de julio de 1974 aparecía en el Listado Nacional de personas peligrosas entregado por la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Seguridad.
Dado esa situación, la esposa del afectado, Patricia Paredes, había abandonado el país, para dirigirse a Alemania junto a sus dos hijos, en 1974. Anteriormente, el padre de la víctima, Ricardo Raúl Lagos Reyes, ex alcalde de Chillán; su madrastra, Sonia Ojeda, embarazada; y su hermano, Carlos Eduardo Lagos, habían sido ejecutados en el patio de su propio domicilio en Chillán (16 de septiembre de 1973) por efectivos militares.
La detención y desaparición de Ricardo Lagos se inscribe en una acción de la DINA en contra de los dirigentes del Partido Socialista, miembros de la Comisión Política, de sus enlaces y correos, realizada en junio y comienzos de julio de 1975. En este operativo se efectuaron las detenciones, seguidas de desaparecimientos, de Michelle Peña, Exequiel Ponce, Mireya Rodríguez, Carlos Lorca y Modesta Carolina Wiff, además de la del afectado. En el mes de julio fueron detenidas Rosa Soliz Poveda y Sara Donoso Palacios, quienes estaban bajo las órdenes partidarias de Modesta Carolina Wiff. Todos ellos permanecen como detenidos desaparecidos.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 3 de septiembre de 1975 se presentó, en la Corte de Apelaciones de Santiago, un recurso de amparo por el afectado, el que fue rolado con el N 1072-75. Después de las respuestas negativas de las autoridades consultadas -el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, indicó que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría (septiembre 1975)- se rechazó el recurso y los antecedentes fueron remitidos al Juzgado del Crimen correspondiente para que instruyera sumario, (22 de octubre de 1975).
Así, el 28 de octubre de 1975, en el 7? Juzgado del Crimen de Santiago, se abrió el proceso rolado con el N 77.497-7. Durante la tramitación de éste, en noviembre de 1975, en el diario "La Segunda", apareció una información, en la que se señalaba que el representante chileno (no se daba nombre) ante la Tercera Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas había visto personalmente a Ricardo Lagos tomándose un aperitivo en el salón de delegados, diciendo que se encontraba alojado en el Hotel Tudor, en Nueva York. Esta "noticia" (el diario no informaba de su procedencia) dio lugar a una denuncia por secuestro del afectado, la que se presentó en marzo de 1976. El 6 de julio de ese mismo año, el Comandante de Grupo (A), Jaime Lavín Fariña, a nombre del Ministro de Relaciones Exteriores, informó al Tribunal que las declaraciones efectuadas por la Delegación de Chile ante Naciones Unidas, se referían a Ricardo Lagos Matus y no a Ricardo Lagos Salinas. Por su parte, el Departamento de Extranjería, oficiaba diciendo que Ricardo Lagos Salinas no registraba salida del país (20 de marzo de 1976).
Además, las distintas autoridades, negaron persistentemente la aprehensión de la víctima. El Ministro del Interior, Raúl Benavides, lo hizo en varias oportunidades y siempre en los mismos términos: "no se encuentra detenido por orden de esta Secretaría". Sólo que en octubre de 1977 agregó que "consultado el Gobernador Provincial de Ñuble, manifestó que indagaciones realizadas en la zona, permitían concluir que el citado ciudadano (Ricardo Lagos) habría salido subrepticiamente del territorio nacional, en fecha inmediata al 11 de septiembre de 1973". Posterior a la realización de distintas diligencias tendientes a dar con el paradero del afectado, el 28 de junio de 1979 la tramitación del proceso continuó en la Visita del Ministro Servando Jordán López, quien había sido denominado por la Corte Suprema, en marzo de 1979, en calidad de tal para investigar los casos de detenciones seguidas de desaparecimientos denunciadas en Santiago.
Sin que se produjeran mayores avances en la investigación, el 11 de diciembre de 1979, el Ministro Jordán se declaró incompetente y remitió los autos a la Justicia Militar, la que radicó el proceso en la 1a. Fiscalía Militar de Santiago, rolándolo con el N 16-80 (enero de 1980). Las diligencias consistieron principalmente en consultar a innumerables hospitales y centros de salud para que informaran al Tribunal si tenían algún antecedente relativo a la víctima. Todas las respuestas fueron negativas.
El 17 de junio de 1982 -sin mayores trámites- se cerró el sumario, y el 16 de julio del mismo año se sobreseyó total y temporalmente la causa. La Corte Marcial confirmó la resolución, el 3 de mayo de 1983, después de que la parte querellante apelara de ella.
En octubre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército y Fiscal General Militar Interino, Enrique Ibarra Chamorro, solicitó la aplicación de la Ley de Amnistía (D.L. 2.191). El 30 de octubre de ese mismo año, el Segundo Juzgado Militar de Santiago acogió la solicitud y sobreseyó el proceso total y definitivamente. Nuevamente apeló la parte querellante, pero el 5 de diciembre de 1990, la Corte Marcial confirmó el sobreseimiento definitivo por aplicación de Ley de Anmistía. A diciembre de 1992 se encontraba pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Anteriormente, el 10 de julio de 1978, en la Corte de Apelaciones de Santiago se había presentado un recurso de amparo preventivo por Patricia Paredes Parra -cónyuge del afectado- por los dos hijos menores del matrimonio, y por Alicia Parra, suegra de la víctima. El recurso fue rolado con el N 408-78. En la presentación se señalaba que tanto la esposa como los hijos de Ricardo Lagos, habían regresado a Chile recién el 4 de julio de ese mismo año. Al día siguiente habían recibido la visita de dos civiles que dijeron ser funcionarios de Investigaciones. El día 6 de julio, también civiles habían concurrido al departamento de propiedad del afectado, ubicado en Quirihue 90 y habían conversado con la arrendataria de ese inmueble, representándole la conveniencia de irse de él puesto que "es un lugar peligroso". En relación a este mismo punto, en el proceso anteriormente descrito, declaró una persona que en 1977 era la arrendataria del departamento de Ricardo Lagos, denunciando que un individuo que dijo llamarse igual que el afectado se había presentado ante ella dándole el plazo de una semana para que abandonara el lugar. El desconocido era alto, delgado, con barba, melenudo y apenas se le veía el rostro. Cuando el Tribunal le mostró una foto de Ricardo Lagos -quien era bajo, 1.64 de estatura, medio colorín y con algunas pecas en el rostro- la testigo no lo reconoció. La Corte rechazó el amparo el 12 de julio de 1978.
El 1 de agosto de 1978, la familia del afectado acudió, junto a los familiares de otros 70 detenidos-desaparecidos, al 10? Juzgado del Crimen de Santiago, para presentar una querella por el delito de secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente. El juez se declaró incompetente y los antecedentes fueron remitidos al 2 Juzgado Militar de Santiago, quien radicó la causa en la 2a. Fiscalía Militar, la que la roló con el N 553-78. Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
(Mayores antecedentes en el caso de Eduardo Alarcón Jara, detenido el 30 de julio de 1974).
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Actualidad:
Primera Linea 4 de Abril 2002
Corresponden a detenidos desaparecidos de La Moneda
La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.
Pozo equivalente a seis pisos
Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.
¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.
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Fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Gobierno Chileno, por los casos: Juan Aniceto Meneses Reyes, Ricardo Lagos Salinas, Juan Alsina Hurtos y Pedro Vergara Inostroza
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Esta pagina fue modificada el 11 Junio, 2007
Si posee cualquier información sobre este caso, nuevas o mejores imágenes, relatos, testimonios, etc., escribanos a hhrr_project@hotmail.com
EXEQUIEL PONCE VICENCIO
Rut : 3.617.995
F.Nacim. : 10-04-36, 39 años a la fecha de su detención
Domicilio : Tocornal 557, casa D., Santiago
E.Civil : Casado, 1 hija
Actividad : Obrero Portuario
C.Repres. : Partido Socialista; Comisión Política; ex-dirigente portuario; ex-dirigente de la CUT.
F.Detenc. : 25 de junio de 1975
SITUACION REPRESIVA
Exequiel Ponce Vicencio, casado, una hija, obrero portuario, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, fue detenido el 25 de junio de 1975, alrededor de las 01:30 de la madrugada, junto a Mireya Rodríguez, en la pieza que arrendaban en calle Tocornal de la capital. Hasta hoy, ambos permanecen detenidos-desaparecidos. La acción la practicaron 4 agentes, armados y de civil, de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes se introdujeron violentamente en la casa, mostraron unas placas y se identificaron como "agentes especiales" ante el dueño de la residencial, Joaquín Palacios.
Los hechos -según el testigo- se dieron en medio de un escándalo, del allanamiento de la morada y, lo que más le llamó la atención, fue que los funcionarios de la DINA sabían exactamente que Exequiel Ponce y Mireya Rodríguez ocupaban la última pieza. Al irse, junto con detener a la pareja, se llevaron todos los efectos personales que poseían. En la calle había, a los menos, tres vehículos que participaron en la aprehensión. Uno de los agentes era chico, de bigotes tupidos y anchos.
Cuando los individuos se retiraron, Joaquín Palacios constató que el teléfono de la residencial no funcionaba. Al parecer le habían sacado alguna pieza para evitar que se hicieran llamadas.
Aunque no hay testimonios directos de la permanencia de Exequiel Ponce en algún recinto de detención, su nombre fue escuchado por testigos en Villa Grimaldi. Héctor Riffo Ramos, militante socialista, recluido a la fecha en este recinto secreto de la DINA, fue sacado en una oportunidad por los agentes y llevado a reconocer a "Gino" (enlace de Ponce). La diligencia falló y Riffo fue acusado por los funcionarios de la DINA de "haberles dado un punto falso". Cuando el testigo les hizo notar que no era él quien había dado los antecedentes, los agentes comentaron "el Viejo fue el que nos jugó chueco". Riffo tuvo la clara impresión que se estaban refiriendo al afectado. También Lautaro Videla -recluido en Villa Grimaldi- supo de la detención de Ponce. Por su parte, cuando a Edwin Patricio Bustos, detenido en la Villa, lo interrogó Osvaldo Romo Mena, éste le manifestó "así que tu hacías el mismo trabajo (relaciones con el exterior) que hacía el viejito Exequiel Ponce". Riffo había sido detenido el 24 de junio de 1975 al acudir a un encuentro con Ricardo Lagos, quien ya se encontraba en poder de la DINA. En Villa Grimaldi había sido interrogado acerca de la ubicación de Ponce.
Posteriormente, Luz Arce, quien fuera militante socialista y se transformara en colaboradora de la DINA a raíz de las torturas y amenazas sufridas durante su detención, declaró ante la Comisión Verdad y Reconciliación, en octubre de 1990, señalando que cuando conversó con Ricardo Lagos Salinas en Villa Grimaldi, éste le dijo que también estaban detenidos Exequiel Ponce y Carlos Lorca. Después, en 1976, la testigo preguntó al General Manuel Contreras por Lagos, Lorca y Ponce, y él le manifestó que estaban en libertad. Por otra parte, Mireya Rodríguez -detenida junto al afectado- fue vista en Villa Grimaldi, en julio de 1975, por Gladys Díaz.
Juan Carlos Ruiz Villarroel, que en marzo de 1975 cumplía las funciones de secretario y enlace de Exequiel Ponce, quien en esa época era el dirigente máximo del Partido Socialista y quien se encontraba en la clandestinidad desde el mismo 11 de septiembre de 1973, señaló que el afectado era apodado "El Viejo", y que solía acudir al domicilio que Ricardo Lagos y Michelle Peña tenían en la Villa Japón. El 23 de junio de 1975 -posterior a la detención de estos dos últimos- Juan Carlos Ruiz se encontró en la calle, fortuitamente, con Exequiel Ponce. Ahí el declarante se dio cuenta de que el afectado sabía de la detención de Lagos y de Michelle, puesto que le pidió a Juan Carlos Ruiz que se "sumergiera" y que él se encargaría de contactarlo por teléfono. Ponce portaba una caja de zapatos donde llevaba documentos. El 24 de junio de 1975, Ponce llamó efectivamente al testigo, en dos oportunidades, pero no lo encontró.
La detención y desaparición de Exequiel Ponce Vicencio, se inscribe en una acción de la DINA en contra de los dirigentes del Partido Socialista, miembros de la Comisión Política, sus enlaces y correos, realizada en los meses de junio y julio de 1975. En este operativo se efectuaron -entre otras- las detenciones de Ricardo Lagos Salinas, Michelle Peña, Mireya Rodríguez Diaz, Carlos Lorca y Modesta Carolina Wiff, además de la del afectado. Después, en el mes de julio, fueron detenidas Rosa Elvira Soliz Poveda y Sara Donoso Palacios. Todos ellos permanecen en calidad de detenidos-desaparecidos hasta el día de hoy.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 19 de agosto de 1975, se interpuso un recurso de amparo por el afectado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 982-75. Este fue rechazado el 4 de septiembre del mismo año. En marzo de 1977, organizaciones laborales italianas recurrieron de amparo en favor de Exequiel Ponce y otros detenidos (Rol Nº 107-77). Durante la tramitación de éste, el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, informó al Tribunal que, en relación a Exequiel Ponce, era buscado por "presunta participación en internación de armas" y que existía la "presunción de encontrarse prófugo en el extranjero", (31 de marzo de 1977). Este recurso fue rechazado en atención a que existían otros amparos interpuestos anteriormente en favor de los recurridos, el 29 de junio de 1977.
El 17 de febrero de 1976, en el 4º Juzgado del Crimen de Santiago se presentó una denuncia por arresto ilegal e incomunicación indebida de Exequiel Ponce. Se instruyó el sumario rol Nº 108.636. En esta oportunidad, el Ministro del Interior Subrogante, Enrique Montero Marx, informó que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado (febrero de 1976). Después que se tomara declaración a Joaquín Palacios -dueño de la residencial- quien relató los hechos, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa, el 3 de mayo de 1976. La Corte de Apelaciones confirmó el fallo el 26 de junio del mismo año.
Catorce años después, el 26 de julio de 1990, se solicitó la reapertura del sumario, lo que fue concedido el 27 de julio del mismo año. Sin haberse logrado ni un sólo avance en la investigación, el sumario fue nuevamente cerrado en agosto de 1990, sobreseyéndose temporalmente la causa el 6 de septiembre de 1990. El dictamen del Fiscal señaló "El estudio de este proceso, que había sido archivado, y fue revivido, demuestra que Exequiel Ponce Vicencio pasa a la lista de los detenidos-desaparecidos. Sus parientes lo seguirán buscando y la policía, los Tribunales, hoy como ayer, no les entregarán respuesta adecuada". El 15 de octubre de 1990, la Corte de Apelaciones confirmó el fallo.
El 6 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación envió al 4º Juzgado del Crimen de Santiago la declaración de Luz Arce Sandoval, señalando que los antecedentes allí mencionados podrían ser de utilidad en la investigación relativa al desaparecimiento de Exequiel Ponce. La causa fue reabierta el 13 de febrero de 1991, bajo el rol Nro. 108.636. A diciembre de 1992, la causa se encontraba en estado de sumario.
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Actualidad
Primera Linea 23 de Abril 2002
Exclusivos disminuyen a cuatro
En un dictamen que ya se preveía, el pleno de ministros de la Corte de Suprema determinó que sólo cuatro de los ocho jueces con dedicación exclusiva seguirán en esta condición, y los restantes pasarán a conformar un tribunal con dedicación preferente.
Basado en los antecedentes recopilados por el máximo tribunal, se determinó que el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, a cargo de la jueza Cecilia Flores; Octavo del Crimen de Santiago, con María Ines Collins; Noveno del Crimen de Santiago con Raquel Lermanda y Décimo del Crimen con Juan Antonio Poblete siguen como jueces exclusivos.
Además, el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz se mantendrá en la misma condición, aunque sólo por un plazo de un mes.
En el caso del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Quinto del Crimen de Santiago, Primer Juzgado del Crimen de Arica, Juzgado de Letras de María Elena, Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, Primer Juzgado Civil de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia se sumarán al grupo ya existente de jueces preferentes.
La situación más difícil la enfrentan los jueces del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; Juzgado de Letras de Santa Barbara, Loreto Jara que en adelante se convertirán en jueces preferentes.
Pero la Corte Suprema también ordenó al Décimo Juzgado del Crimen que anexe los procesos que correspondan a las causas que tramita de manera de avanzar en la investigación, sin embargo, no entrega más detalles al respecto.
Todos los jueces exclusivos y preferentes deberán informar al cabo de un mes sobre su gestión y nuevamente serán evaluados por el tribunal superior.
En el detalle de las causas, el proceso por la muerte de Juan Luis Rivera Matus rol 107.716-9 comenzará a ser visto de manera preferente por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago Joaquín Billard, quien también tramitará la causa rol 107.254.
En el caso del Quinto del Crimen conocerá el rol 167.716-16 caratulado como desaparecidos de La Moneda, que ya estaba en calidad de preferente.
En el Primero de Arica y Cuarto de esta misma ciudad se conocerán las causas rol 51925 y 13.322-A, respectivamente.
En María Elena se indagará de manera preferente el proceso 31-91, Mientras que en el Primero del Crimen de Valparaíso se verá la causa del sacerdote británico Michael Woodward rol 140.454.
En el Segundo del Crimen de Valparaíso se conocerá la causa rol 127.298-1.
En Chillán en tanto el Primer Juzgado Civil conocerá la causa 11.599 que de acuerdo al Fasic no corresponde a proceso de derechos humanos, en cambio en el Primero del Crimen de esta misma ciudad se indagará la desaparición de Ernesto Torres Guzmán, rol 70.927-6.
En el caso de Talcahuano se anexa como prefente el rol 24.776, en Pucón el rol 4.473 y en Valdivia el rol 75.858.
Por el contrario, se verán perjudicadas por el dictamen de la Corte Suprema las causas sobre la desaparición de Daniel Reyes Piña, Leopoldo Muñoz Andrade, Víctor Morales Mazuela y Víctor Cárdenas Valderrama que tramitaba el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel ya que ahora tendrán carácter preferente. En todo caso,juega a su favor que ya se dictaron procesamientos en el caso de las causas de Morales y Cardenas.
En el Tercero del Crimen de Santiago serán ahora causas preferentes la desaparición a manos de la DINA DE Iván Carreño Aguilero, y las muertes de Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán y Ricardo Weibel Navarrete que perecieron a causa del Comando Conjunto. También este tribunal conoce el proceso por la desaparición del ex GAP Domingo Blanco Tarres.
En el caso de Santa Bárbara se ve perjudicada la investigación sobre los casos de Luis Bastias Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salaza, Segundo Soto, Gabriel Viveros desaparecidos en los primeros días del Golpe Militar.
En el Décimo del Crimen de Santiago se indaga cuatro casos informados en la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas se trata de la desaparición en 1975 de Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio
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MICHELLE MARGUERITE PEÑA HERREROS
Rut. : No se consigna.
F.Nacim. : 27 07 47, 27 años a la fecha de su detención nacionalidad Española, nacida en Francia.
Domicilio : Calle Tiros, Villa Japón, Las Rejas, Santiago
Est.Civil : Soltera, 8 meses de embarazo
Actividad : Ex estudiante de Ingeniería Eléctrica, Universidad Técnica del Estado
C.Repres. : Partido Socialista;Ex empleada del Instituto Chileno?Vietnamita; Asistente del Sindicato Mademsa y Cristalerías Chile
F.Detenc. : 20 de junio de 1975
SITUACION REPRESIVA
Michelle Marguerite Peña Herreros, estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado, militante socialista, embarazada de ocho meses, fue detenida alrededor del 20 junio de 1975, en la población Las Rejas, por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Aunque no hay testimonios directos de su aprehensión, existen antecedentes que permiten deducir que ésta se produjo en su domicilio y, posiblemente, junto a Ricardo Lagos Salinas, con quien compartía la casa y la militancia socialista. En el momento de su detención, la afectada se encontraba con un embarazo de 8 meses. Tanto la víctima como Ricardo Lagos se encuentran desaparecidos. En cuanto al hijo que ella esperaba, se desconoce su destino.
Juan Carlos Ruiz, también socialista, declaró que, en noviembre de 1974, después de salir libre de una detención, tomó contacto con Michelle Peña, cuando ella y Ricardo Lagos vivían en una pensión de calle Tocornal. Posteriormente, en 1975, el testigo asumió tareas de enlace entre Exequiel Ponce, entonces dirigente máximo del Partido y los dirigentes Ricardo Lagos, Carlos Lorca y Michelle Peña, todos actualmente desaparecidos después de haber sido detenidos por la DINA. En marzo de 1975 ubicó la casa de calle Tiros en la que vivían Lagos y la afectada, domicilio en el que se reducían documentos, había taller fotográfico y se realizaban los puntos de encuentro y reunión con Ponce. En esa época, se vivían tiempos de bastante inseguridad, señala el declarante, puesto que ya habían sido detenidos dirigentes socialistas de nivel intermedio.
Así, el embarazo de Michelle generaba sobresaltos. Según el testigo, se le trasladaba a los controles médicos, cambiándole continuamente de nombre.
Alrededor del 21 de junio de 1975, Juan Carlos Ruiz concurrió al domicilio de la víctima e ingresó a éste sin darse cuenta que la señal de alerta previamente convenida con Ricardo Lagos ?una ventana abierta? estaba presente. Adentro había un gran desorden, los colchones estaban rajados y todas las cosas desparramadas, con evidentes signos de allanamiento. El declarante estimó que en ese lugar habían sido detenidos Ricardo Lagos y Michelle Peña.
Posteriormente, el 1°de julio de 1975, cuando el militante socialista Héctor Eduardo Riffo se encontraba recluido en el sector denominado "La Torre" en Villa Grimaldi -centro secreto de reclusión y tortura de la DINA - sintió que a una cabaña vecina ingresaban a dos mujeres detenidas. Escuchó sus voces y reconoció la de Michelle, a la que conocía con anterioridad. Respecto a la otra persona escuchó que los agentes la llamaban "Gina". Este testigo fue detenido, el 24 de junio de 1975, al acudir a un encuentro con Ricardo Lagos, a quien los agentes de la DINA llevaban en calidad de detenidos.
La detención y desaparición de la afectada se inscribe en una acción de la DINA en contra de dirigentes del Partido Socialista, miembros de la Comisión Política, de sus enlaces y correos, realizada en junio y comienzos de julio de 1975. En este operativo se efectuaron las detenciones de Ricardo Lagos, Exequiel Ponce, Mireya Rodríguez, Carlos Lorca, Modesta Carolina Wiff y de la afectada. En el mes de julio fueron detenidas Rosa Soliz Poveda y Sara Donoso Palacios, quienes trabajaban partidariamente junto a Modesta Carolina Wiff. Todos ellos permanecen como detenidos - desaparecidos. Por su parte, Michelle Peña estaba siendo buscada desde 1974. En septiembre de ese año llegaron hasta el domicilio de Gregoria Peña, ubicado en Gálvez 143, civiles que se identificaron como Militares, preguntando por la afectada. Al no encontrarla, estuvieron alrededor de 15 días vigilando el lugar.
Michelle Peña permanece desaparecida desde que se le viera en Villa Grimaldi en junio de 1975. A pesar de que tenía un embarazo de más de 8 meses, nunca se ha podido verificar si su hijo nació.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 8 de julio de 1975, Gregoria Peña - familiar de la afectada - interpuso un recurso de amparo por Michelle, en la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue rolado con el Nº 827 - 75. Con la sola repuesta del Ministro del Interior y General de División Raúl Benavides Escobar, en la que se negaba la detención de la amparada (julio de 1975), la presentación fue rechazada el 8 de agosto de 1975.
El 29 de agosto de 1975 se interpuso un nuevo amparo por la afectada, en la Corte Marcial, el que fue rolado con el Nº128?75, señalando Gregoria Peña que se había enterado que su hermana posiblemente, y debido a su estado de embarazo, se encontraba en el Hospital Militar de Santiago, bajo la denominación de NN. Después de que el Ministro Raúl Benavides negara la detención, la Corte Marcial se declaró incompetente para conocer del recurso y remitió los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta los roló con el Nº 1217 - 75 (25 de septiembre de 1975) y el 26 de septiembre del mismo año, rechazó el recurso, enviando las piezas al Juzgado del Crimen correspondiente.
El 1°de octubre de 1975 el 6º Juzgado del Crimen de Santiago abrió el proceso rol Nº 92.461. Durante la tramitación de éste, se ofició al Hospital Militar para que informara si entre el 25 de junio y el 2 de agosto de 1975, había ingresado una mujer embarazada y si se había establecido su identidad. La gestión no tuvo los resultados esperados. El Hospital envió la ficha de una paciente que posteriormente se estableció que se había lanzado al paso de un vehículo, y que no correspondía a Michelle Peña.
El 14 de julio de 1976 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa. La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la resolución el 29 de octubre del mismo año.
El 10 de julio de 1975, en el 5º Juzgado del Crimen se presentó una denuncia por detención ilegal de Michelle Peña, la que fue rolada con el Nº100.753. Durante la tramitación de ésta, el Ministro del Interior y General de División, Raúl Benavides Escobar, negó la detención de la afectada (22 de julio de 1975). Por su parte, el Coronel Jorge Espinoza Ulloa, Secretario Ejecutivo Nacional de Detenidos (SENDET), informó al Tribunal que carecía de antecedentes relacionados con Michelle Peña (julio 1975). El Coronel Hernán Brantes Martínez, de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) señaló que la víctima no había sido detenida por ellos. "No pudiendo avanzar más en la investigación de esta causa", se cerró el sumario el 30 de octubre de 1975 sobreseyéndose temporalmente la causa. El 19 de enero de 1976, la Corte de Apelaciones aprobó la resolución.
Además, la familia presentó el caso ante organismos internacionales, con el objeto de lograr una respuesta sobre el paradero de la afectada. Se entregaron los antecedentes a la Comisión Internacional de Juristas y a la Comisión de Derechos Humanos entre otros.
El 1°de agosto de 1978, los familiares de Michelle Peña concurrieron al 10º Juzgado del Crimen de Santiago, junto a las familias de 70 detenidos - desaparecidos, para presentar una querella criminal por el delito de secuestro en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, de Marcelo Luis Manuel Moren Brito y de Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Coronel y Teniente Coronel de Ejército respectivamente. El Juez se declaró incompetente remitiendo la causa a la Justicia Militar, la que la radicó en la 2º Fiscalía Militar de Santiago. El proceso fue rolado con el Nº 553?78.
En dicho proceso se tuvieron a la vista 4 cuadernos de la Visita por casos de detenidos desaparecidos del Ministro Servando Jordán, y en ellos se consignaban antecedentes del actuar de la DINA, de sus agentes y de los recintos secretos de detención.
En esta causa declaró por Oficio el ex Director de la DINA, el General Manuel Contreras Sepúlveda y que en otras cosas declarara que efectivamente Villa Grimaldi era un recinto de la DINA, donde eran llevados algunos detenidos en tránsito, respecto a la Clínica Santa Lucía dice que era un recinto hospitalario para funcionarios de la DINA. En relación a los agentes dice que Laureani, Wenderoth, Krassnoff, Moren eran analistas de la DINA y que Osvaldo Romo Mena era informante de un agente y que desconoce su actual paradero.
Sin que se realizaran diligencias durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191) porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado "determinar responsabilidad de persona alguna". El 30 de noviembre de 1989 la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa ?la que aún se encontraba en etapa de sumario? por "encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados". Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.
(Antecedentes completos de esta querella en el caso de Eduardo Alarcón Jara, detenido el 30 de julio de 1974). Romo Mena fue detenido en julio de 1992 en Brasil y en noviembre de ese año expulsado de dicho país; a su llegada a Chile fue detenido. A diciembre de ese año ha sido encargado reo en seis causas de detenidos desaparecidos.
Entre otras cosas Romo ha reconocido su calidad de agente de la DINA, su participación en operativos de detención y en interrogatorios a detenidos en los centros de detención de la DINA. También ha entregado información en relación a su salida del país en 1975, a raíz de que él estaba siendo citado por varios Tribunales que tramitaban causas por detenidos desaparecidos. La DINA no sólo había intervenido en la decisión de abandonar el país, sino que además le había proporcionado los medios para hacerlo, entre ellos facilitándole documentos de identidad falsa para él y su familia.
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Actualidad:
TERCERA – 10 ENERO 2001
Aumentan a 205. Dos nuevas querellas contra Pinochet
Uno de los líbelos pretende esclarecer el destino y paradero del hijo de Michelle Pena, ya que según datos del Ejército, la mujer que tenía ocho meses de embarazo, fue asesinada dos meses después de su detención. El abogado Sergio Concha presentó, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, una nueva querella en contra del ex gobernante de facto, Augusto Pinochet, por los delitos de secuestro y asociación ilícita en la persona de Patricio Urbina Chamorro y su esposa Angeles Alvarez Cárdenas. El documento acusatorio se extiende a los agentes de seguridad del régimen militar Manuel Contreras, Fernando Labriani, Osvaldo Romo, Marcelo Moren y Raúl Iturriaga
Primera Linea 23 de Abril 2002
Exclusivos disminuyen a cuatro
En un dictamen que ya se preveía, el pleno de ministros de la Corte de Suprema determinó que sólo cuatro de los ocho jueces con dedicación exclusiva seguirán en esta condición, y los restantes pasarán a conformar un tribunal con dedicación preferente.
Basado en los antecedentes recopilados por el máximo tribunal, se determinó que el Primer Juzgado de Letras de San Bernardo, a cargo de la jueza Cecilia Flores; Octavo del Crimen de Santiago, con María Ines Collins; Noveno del Crimen de Santiago con Raquel Lermanda y Décimo del Crimen con Juan Antonio Poblete siguen como jueces exclusivos.
Además, el Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, a cargo de María Teresa Díaz se mantendrá en la misma condición, aunque sólo por un plazo de un mes.
En el caso del Primer Juzgado del Crimen de Santiago, Quinto del Crimen de Santiago, Primer Juzgado del Crimen de Arica, Juzgado de Letras de María Elena, Primer y Segundo Juzgado del Crimen de Valparaíso, Primer Juzgado Civil de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Chillán, Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, Juzgado de Letras de Pucón y Segundo Juzgado del Crimen de Valdivia se sumarán al grupo ya existente de jueces preferentes.
La situación más difícil la enfrentan los jueces del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, Mario Carroza; Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel, María Teresa Díaz; Juzgado de Letras de Santa Barbara, Loreto Jara que en adelante se convertirán en jueces preferentes.
Pero la Corte Suprema también ordenó al Décimo Juzgado del Crimen que anexe los procesos que correspondan a las causas que tramita de manera de avanzar en la investigación, sin embargo, no entrega más detalles al respecto.
Todos los jueces exclusivos y preferentes deberán informar al cabo de un mes sobre su gestión y nuevamente serán evaluados por el tribunal superior.
En el detalle de las causas, el proceso por la muerte de Juan Luis Rivera Matus rol 107.716-9 comenzará a ser visto de manera preferente por el titular del Primer Juzgado del Crimen de Santiago Joaquín Billard, quien también tramitará la causa rol 107.254.
En el caso del Quinto del Crimen conocerá el rol 167.716-16 caratulado como desaparecidos de La Moneda, que ya estaba en calidad de preferente.
En el Primero de Arica y Cuarto de esta misma ciudad se conocerán las causas rol 51925 y 13.322-A, respectivamente.
En María Elena se indagará de manera preferente el proceso 31-91, Mientras que en el Primero del Crimen de Valparaíso se verá la causa del sacerdote británico Michael Woodward rol 140.454.
En el Segundo del Crimen de Valparaíso se conocerá la causa rol 127.298-1. En Chillán en tanto el Primer Juzgado Civil conocerá la causa 11.599 que de acuerdo al Fasic no corresponde a proceso de derechos humanos, en cambio en el Primero del Crimen de esta misma ciudad se indagará la desaparición de Ernesto Torres Guzmán, rol 70.927-6.
En el caso de Talcahuano se anexa como prefente el rol 24.776, en Pucón el rol 4.473 y en Valdivia el rol 75.858.
Por el contrario, se verán perjudicadas por el dictamen de la Corte Suprema las causas sobre la desaparición de Daniel Reyes Piña, Leopoldo Muñoz Andrade, Víctor Morales Mazuela y Víctor Cárdenas Valderrama que tramitaba el Tercer Juzgado del Crimen de San Miguel ya que ahora tendrán carácter preferente. En todo caso,juega a su favor que ya se dictaron procesamientos en el caso de las causas de Morales y Cardenas.
En el Tercero del Crimen de Santiago serán ahora causas preferentes la desaparición a manos de la DINA DE Iván Carreño Aguilero, y las muertes de Luis Moraga Cruz, Juan Orellana Catalán y Ricardo Weibel Navarrete que perecieron a causa del Comando Conjunto. También este tribunal conoce el proceso por la desaparición del ex GAP Domingo Blanco Tarres.
En el caso de Santa Bárbara se ve perjudicada la investigación sobre los casos de Luis Bastias Sandoval, Luis Cid Cid, Cristino Cid Fuentealba, José Molina Quezada, José Pinto, Raimundo Salaza, Segundo Soto, Gabriel Viveros desaparecidos en los primeros días del Golpe Militar.
En el Décimo del Crimen de Santiago se indaga cuatro casos informados en la Mesa de Diálogo por las Fuerzas Armadas se trata de la desaparición en 1975 de Ricardo Lagos Salinas, Carlos Lorca Tobar, Michelle Peña Herreros y Exequiel Ponce Vicencio
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MODESTA CAROLINA WIFF SEPULVEDA
Primera foto entregada por Rosas para Villa Grimaldi.
Rut. : 37.330, San Javier
F.Nacim. : 08 06 41, 34 años a la fecha de detención
Domicilio : Rodrigo de Araya 4480?C, Depto. 14, Población Jaime Eyzaguirre, Santiago
E.Civil : Casada, 1 hija
Actividad : Asistente Social
C.Repres. : Partido Socialista
F.Detenc. : 25 de junio de 1975
Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, casada, una hija, Asistente Social, militante del Partido Socialista, fue detenida el 25 de junio de 1975 alrededor de las 16:00 horas en la casa de calle Maule Nº130, junto a Carlos Lorca, miembro del Comité Central del Partido Socialista, por 8 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El domicilio pertenecía a Yolanda Abarca, quien fue testigo de la detención. Hasta allí habían llegado los aprehensores, alrededor de las 13:30 hrs. de ese mismo día, mostrando a la dueña de casa una tarjeta azul plastificada, y diciéndole que iban a esperar allí al doctor Lorca y a una acompañante.
Efectivamente, Maule Nº130 constituía un lugar al que la afectada y Lorca solían concurrir por razones partidarias. Según otros antecedentes, los agentes permanecieron en esa dirección hasta varios días después de ocurridos estos hechos.
Los testimonios de 6 personas que presenciaron la detención de la afectada, y que en esos momentos transitaban por Maule, señalaron que el movimiento de vehículos particulares y de distintos colores resultaba muy llamativo, dado que aquella era una calle tradicionalmente tranquila. Dos de estos declarantes dijeron haber visto sacar a una pareja, rodeada por cuatro civiles que los mantenían asidos por los brazos. El hombre iba esposado. Ambos detenidos fueron subidos a un automóvil FIAT 125 color rojo que emprendió marcha hacia Vicuña Mackenna.
A las 18:00 de la tarde de ese día, cinco agentes llegaron hasta el domicilio de la afectada, procediendo a allanarlo, a llevarse consigo el pasaporte de Modesta Carolina Wiff y su grabadora antigua y a interrogar a la hija de 9 años de la víctima, a su hermana y a Carmen Rubilar. Distintos testigos han confirmado la presencia de Modesta Carolina Wiff en Villa Grimaldi. Gladys Díaz, quien permaneció incomunicada 80 días en ese recinto secreto de detención y tortura de la DINA, declaró que en julio de 1975 vio a la víctima. En esa oportunidad la testigo se encontraba en el patio de Villa Grimaldi y vio claramente a Modesta Carolina y a Mireya Rodríguez, con la vista vendada, paradas en ese lugar.
La detención y desaparición de Modesta Carolina se inscribe en una acción de la DINA en contra de los dirigentes del Partido Socialista, miembros de la Comisión Política, sus enlaces y correos. En este operativo se efectuaron las detenciones de Michelle Peña, Exequiel Ponce, Mireya Rodríguez, Carlos Lorca, Ricardo Lagos y de la afectada. En el mes de julio de ese mismo año, fueron detenidas Rosa Soliz Poveda y Sara Donoso Palacios, quienes estaban bajo las órdenes partidarias de Modesta Carolina Wiff. Todos ellos permanecen como detenidos desaparecidos.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 26 de junio de 1975, en la Corte de Apelaciones de Santiago, la familia interpuso el amparo rol Nº792 75. A la presentación se adjuntaron declaraciones juradas de testigos de la detención de Modesta Carolina, y se señaló como posible lugar de reclusión un recinto ubicado en la Puntilla de El Quisco. Sin embargo, al ser consultadas, las autoridades, estas negaron la aprehensión. El General de División y Ministro del Interior, raúl Benavides Escobar informó, en tres oportunidades, la primera vez 24 días después de interpuesto el recurso, que la afectada no se encontraba detenida por orden de esa Secretaría de Estado (julio y agosto de 1975). Por su parte, la DINA señaló que las consultas al respecto debían ser dirigidas al Ministerio del Interior (10 de julio de 1975). En virtud de estos antecedentes, se rechazó el amparo y las piezas fueron remitidas al 4º Juzgado del Crimen de Santiago, en donde se instruyó la causa rol Nº107.695 (12 de agosto de 1975).
Nuevamente el Ministro del Interior, General Benavides, respondió que la afectada no se encontraba detenida por orden de ese Ministerio, agregando que la DINA no registraba antecedentes relativos a Modesta Carolina Wiff (30 de septiembre de 1975). El 28 de octubre del mismo año, se presentó ante el mismo Tribunal una querella por los delitos de arresto ilegal e incomunicación indebida cometidos en contra de la víctima. En ella se solicitaba la citación a declarar de los testigos que vieron cuando la afectada era detenida. Después de cumplirse esta diligencia, el 28 de febrero de 1976, se cerró el sumario por no poderse "adelantar más en la investigación". El 30 de abril del mismo año, se sobreseyó temporalmente la causa. La Corte de Apelaciones de Santiago, aprobó el fallo el 28 de julio de 1976.
Por Modesta Carolina Wiff se presentaron recursos de amparo provenientes del extranjero. Entre ellos se cuenta el rol Nº 525 76, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el Movimiento Internacional de Juristas Católicos, Liga de los Derechos de la Mujer y otros ciudadanos franceses. La presentación se hizo en favor de 43 detenidos desaparecidos, 31 personas que permanecían detenidas en Tres Alamos y Puchuncaví y por 5 abogados detenidos. Después de confirmarse los nombres de los recurrentes, el recurso fue rechazado el 6 de mayo de 1977. Se apeló y la Corte Suprema confirmó el fallo el 11 de mayo del mismo año.
También del extranjero hubo otro amparo patrocinado por personalidades francesas, entre ellas, el Cardenal Primado de Francia, Arzobispo de París, y por el entonces Senador, Francois Mitterrand.
Hasta el día de hoy, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda es una detenida desaparecida, sin que haya sido posible haber logrado determinar cuál fue su destino.
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Esta pagina fue modificada el 14 Junio, 2007
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